Señor ministro,
Como ciudadanas católicas nos
dirigimos a usted para manifestarle nuestra gran preocupación por los cambios
legislativos en materia de la salud sexual y reproductiva que, usted como ministro
de Justicia, quiere solicitarle al poder legislador de nuestro país.
Como ciudadanas nos indigna y
nos duele que veinte años después de la Conferencia de Naciones Unidas sobre
los Derechos Humanos de 1993 celebrada en Viena –en donde la comunidad
internacional, de la cual España también se ha considerado integrante, haya
dejado plasmada, primero que los Derechos Humanos son indivisibles y segundo
que los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos-, el gobierno
español a través de usted como su ministro de Justicia, esté planteando un
retroceso grave en materia de ciudadanía de las mujeres.
Nos indigna que no se reconozca
que en aquel campo en el que por naturaleza ningún varón puede reemplazarnos, y
que es la gestación y el parto de nuevos ciudadanos y ciudadanas, el Estado debe
garantizarnos como ciudadanas el derecho a decidir –guiándonos por nuestra
conciencia-, sobre la oportunidad y el momento para gestar y traer al mundo un
ser humano nuevo.
Nos duele que precisamente en
una coyuntura económico-social tan difícil como la que atraviesa nuestro país
en la actualidad, en la cual la mayoría de la ciudadanía lucha por sobrevivir,
el gobierno quiera despojar a las mujeres sin los recursos necesarios para
salir del país, de la dignidad de ser quienes ejercen el control sobre su
capacidad de reproducción. Pues al crear una ley injusta que les niegue sus
derechos reproductivos, ellas se verán confrontadas a la alternativa indignante
de convertirse en madres en contra de su voluntad, o bien, en criminales para
poner término clandestinamente y arriesgando su vida y su salud a un embarazo
no deseado.
Como ciudadanas católicas nos
indigna que a pesar de que las encuestas hayan demostrado que dos de cada tres
ciudadanos católicos españoles, mujeres y varones, están a favor de la
legislación vigente en materia de salud sexual y reproductiva desde 2010, el
Gobierno y usted como ministro de Justicia de un Estado aconfesional, sólo tomen
en cuenta la opinión de algunos ciudadanos católicos que, a pesar de no
disponer de la más mínima legitimación político-democrática, se arrogan autocráticamente
el derecho de ser los voceros de todas las ciudadanas y de los ciudadanos
católicos en España, por el simple hecho de desempeñar cargos de dirección
dentro de una institución eclesial que goza de una larga tradición histórica.
Pero el Estado español reconoce
la libertad religiosa y la libertad de conciencia como Derechos Humanos
fundamentales, por ser Estado Miembro del Consejo de Europa y de la Unión
Europea y por haber suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Esas libertades y esos estos derechos son derechos individuales que tienen
la función de garantizar la protección del ciudadano o de la ciudadana individual
contra cualquier tipo de injusticia, incluyendo cualquier forma de
totalitarismo estatal o institucional. Como ministro de Justicia y miembro del
Ejecutivo usted tiene la responsabilidad de implementar estos tratados y pactos
internacionales y proteger los derechos humanos fundamentales en España. Tiene
que respetar la libertad religiosa y de conciencia de los individuos ciudadanos
católicos mujeres y varones que, como lo demuestran las encuestas, disienten en
su gran mayoría con la jerarquía de su comunidad religiosa en materia de
derechos sexuales y reproductivos.
Como ciudadanas católicas nos
duele profundamente que se le acuerde mayor valor a la vida de un nasciturus que a la vida de una mujer
ciudadana, sujeto de derecho. Nuestra tradición católica enseña otra cosa.
Según San Agustín como Santo Tomás, la vida
(intrauterina) del embrión y del feto va adquiriendo valor a medida que
avanza el embarazo. Y no se considera en ninguna parte de nuestra tradición
católica que exista un derecho a nacer.
Aunque esto no signifique que no
consideremos que el nasciturus sea un
bien jurídico que merezca protección. Si que la merece, por un lado en la
medida en que la gestación va avanzando y en la medida en que la mujer gestante
tenga el proyecto de llevar a término su embarazo. Pues todo ser humano que
nazca tiene el derecho a nacer en las mejores condiciones sanitarias,
económicas y sociales posibles, que el Estado debe garantizar.
Para terminar queremos recordar
que nuestra tradición católica considera que la edad en la que una mujer puede decidir sobre una
maternidad es la de 14 años. Pues esa es
la edad mínima que se requiere según el Derecho Canónico para que una mujer
pueda contraer matrimonio válidamente, es decir, dar su consentimiento a
relaciones sexuales (legitimadas) y, por ende, a un posible embarazo en plena
libertad y conciencia de lo que hace.
Esperamos que usted como responsable político de un Estado democrático tenga en cuenta estas consideraciones que
representan el sentir de una parte importante de los ciudadanos y ciudadanas
católicas en nuestro país, incluyendo el electorado del Partido Popular.
Muy atentamente,
Mar Grandal
Presidenta
Católicas por el Derecho a Decidir de España.
