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lunes, 27 de febrero de 2012

El Estado Laico y los Derechos de las Mujeres


El debate en torno a la laicidad y a la definición de Estado laico cobra cada vez mayor vigencia debido a la cada vez mayor diversidad social y a la presencia de nuevos elementos culturales que aportan  quienes, procedentes de otras culturas y lugares, vienen a asentarse entre nosotros. La diversidad de religiones y de herencias socioculturales nos hace volver una y otra vez a cuestiones como la laicidad que ni mucho menos están resueltas, menos aún en un país con una  historia y tradición religiosa como la nuestra.

La cultura de los pueblos está recorrida por tradiciones religiosas más o menos arraigadas, por lo que es especialmente pertinente que los que nos reclamamos de una determinada tradición abordemos el tema desde un punto de vista no defensivo ni  interesado.

El Estado, como garante de los derechos, debe de garantizar antes que todo la libertad de conciencia  frente a cualquier amenaza  y como consecuencia debe huir del favoritismo ante cualquier doctrina o creencia religiosa en detrimento de las demás. Debe vigilar también los brotes fundamentalistas que desde cualquiera de ellas pudieran surgir y su impacto en los derechos civiles del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas.

La libertad de conciencia genera pues una pluralidad de creencias que en el ámbito público han de relativizarse, cualquier intento moralizante ha de perder valor universal en un contexto laico. Esto es, el espacio público, si se mira desde la óptica de la libertad de conciencia, no puede ser otro que un espacio público secularizado.

Esto no quiere decir que la moral pública no esté impregnada de elementos culturales y religiosos propios de un determinado entramado cultural, lo que resulta definitivo es que ya no puede ser definida por ninguna jerarquía religiosa que interprete una doctrina concreta ni admite ya intermediación eclesial alguna.

Los legisladores y funcionarios públicos están en su derecho de tener sus creencias personales  pero no deben ni pueden imponerla al conjunto de la ciudadanía. Ni unos ni otros están en sus puestos a título personal sino ejerciendo una función que debe responder al interés general.

El Estado laico es central para la defensa  de las libertades civiles y de los derechos, nuevos y viejos, existentes o generados por las nuevas situaciones sociales cambiantes, como es el rol de las mujeres en las diferentes sociedades de nuestros días.

Estado laico significa, como señala Blanca Varela, que iglesias y Estado están realmente separados y este no es sólo aconfesional  y “neutral” sino que vela para situar las creencias en el ámbito privado. Savater argumenta: “la laicidad consiste en la separación entre dos ámbitos: el terrenal y el íntimo, donde el primero se vincula a aprendizaje, normas y garantías compartidas socialmente, y el segundo con las creencias personales e individuales.”

Estado laico significa también que las religiones se someten a las leyes comunes sin privilegios educativos o tributarios de ninguna clase. El Estado democrático es necesariamente laico, no puede reconocer ninguna creencia. Las religiones basadas en creencias e imposición de dogmas son por sí mismas son de índole poco o nada democrático.

Al tiempo que el debate en torno al Estado básico es absolutamente relevante, ocurre en nuestras sociedades un fenómeno muy relacionado con esta situación y es la presencia y el auge de determinados fundamentalismos religiosos y su impacto en la vida social y política.

Uno de los momentos de fuerte repunte de los fundamentalismos podemos situarlo en los años 90 cuando se producen los debates en Naciones Unidas en torno a las libertades de las mujeres, especialmente a todo lo que hace referencia a los derechos sexuales y reproductivos. Desde ese momento se articula toda una ofensiva, por parte de los representantes de dichos fundamentalismos, para interceptar los avances en derechos conseguidos por las mujeres y expresados en las agendas de Cairo y Beijing. El reclamo que las mujeres hacen de los derechos sexuales y reproductivos conlleva la exigencia a los Estados de respetar y hacer respetar la autonomía personal de las mujeres en relación a la sexualidad y la reproducción, sin cortapisas ni intrusiones.  A esto responde la batalla por la titularidad de dichos derechos que algunos pretenden anteponer a la de las propias mujeres.

Frente a este estado de cosas, la necesidad de un Estado laico fuertemente arraigado es una tarea prioritaria en la agenda política de las mujeres. Este Estado va a necesitar y necesita una sociedad civil consciente y preparada para rescatar sus derechos, unas veces de los poderes religiosos, otras, de los poderes de los mercados y los medios de comunicación, otras, de los poderes públicos contaminados de ideologías e intereses contrarios a la libertad y autonomía de las y los ciudadanos.

La red de Católicas por el Derecho a Decidir está  empeñada desde hace tiempo en la batalla de incluir en la agenda política de las mujeres el debate por la laicidad, participando de cuantas oportunidades se nos presentan para enfatizar la necesidad de este debate, pues consideramos al Estado laico el único garante para el ejercicio de nuestros derechos, especialmente de los que hacen referencia a la sexualidad y a la reproducción.  El reconocimiento de estos derechos debe darse en un marco de objetividad, información y contraste de opiniones sin prejuicios y eso exige la no injerencia de las iglesias en el espacio legislativo, sin menoscabo de su aportación al debate.

Las iglesias pueden y deben encontrar su lugar en la sociedades  democráticas y laicas pero éste nunca será un lugar asentado en desigualdades y privilegios deslegitimadores de los consensos civiles morales, sino una posición en equidad junto a otras posiciones y en franca búsqueda de la armonía social y el bien común.

Como católicas somos y nos sentimos corresponsables de buscar ese lugar que garantice el libre ejercicio de los derechos de las mujeres y respete nuestra tradición desde lo mejor de su aportación al bienestar social y a la emancipación de los ciudadanos y ciudadanas y de los pueblos.

viernes, 3 de febrero de 2012

Las mujeres católicas decimos SI al mantenimiento de la Ley de salud sexual y reproductiva en el Estado español

Como lo planteó el Papa Juan XXIII en 1963 en su encíclica Pacem in Terris,

La mujer ha adquirido una conciencia cada día más clara de su propia dignidad humana. Por ello no tolera que se la trate como una cosa inanimada o un mero instrumento; exige, por el contrario, que, tanto en el ámbito de la vida doméstica como en el de la vida pública, se le reconozcan los derechos y obligaciones propios de la persona humana.

Este es uno de los tres signos de nuestros tiempos que debemos saber leer para poder vivir conforme a nuestra doctrina católica.

Como los varones fuimos dotadas de una conciencia que nos permite ser agentes morales. La conciencia nos permite decidir en cuestiones morales, aun cuando la decisión que tomemos sea contraria a la posición de la máxima autoridad eclesial. Debemos respetar al Magisterio de la Iglesia y tener en cuenta sus enseñanzas, pero la autoridad determinante para decidir es la conciencia individual.

Para nosotras la sexualidad es una gracia que debemos vivir de manera responsable. Queremos poder ejercer nuestra sexualidad placenteramente y sin riesgos, optando por la maternidad cuando nos sintamos capaces de asumirla en responsabilidad. Es por eso que la educación sexual y el acceso a los diferentes métodos de anticoncepción que la Ley actual garantiza a todas las mujeres, en el Estado español, y en particular a las jóvenes, representan a nuestros ojos un avance histórico que no queremos perder por ningún motivo.

Dios nos confío a las mujeres la maternidad y empezando por su propia madre, la facultad de decidir libremente y en responsabilidad sobre esta. Ello forma parte de nuestra dignidad y queremos que tanto el Estado como la Iglesia reconozcan esta dignidad y nuestro derecho a decidir nosotras.

Como no hay unanimidad dentro de la Iglesia frente a la problemática sumamente compleja de la interrupción voluntaria del embarazo, la voz de nuestra conciencia cobra aun mayor importancia.

La misma Congregación para la Doctrina y la Fe declaro en 1974 que no podía saber cual era el momento en que el embrión se convertía en persona, por lo cual no quedaba definido a partir de que momento destruir la vida del nasciturus podía ser equiparado a la destrucción de la vida de una persona nacida, acto que la Iglesia considera muy grave pero justificable bajo determinadas condiciones, por ejemplo en el caso de la guerra.

Además, como lo demuestran todas las encuestas, la mayoría de la feligresía católica en el mundo entero discrepa de las posiciones rígidas de la cúpula eclesial. La encuesta que se realizó en España poco antes de la promulgación de la Ley, arroja que dos de tres católicos y católicas aprobaban la Ley cuando estaba por promulgarse. Ahora bien, para que una posición proclamada por la jerarquía pueda ser considerada “católica” tiene que ser recibida por la feligresía.  ("sensus fidelium", Lumen Gentium, 12)

Por estas y muchas mas razones nos pronunciamos con toda determinación en contra de los proyectos que nuestro Ministro de Justicia ha estado anunciando. Como mujeres católicas y ciudadanas españolas reclamamos que se mantenga vigente la Ley actual y que el gobierno no busque distraer la atención publica de los graves problemas que azotan actualmente a nuestra sociedad, con debates improductivos y recortes a la dignidad y al bienestar de las mujeres.