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jueves, 27 de septiembre de 2012

28 de Septiembre: La reivindicación feminista por la autonomía y autodeterminación del propio cuerpo



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La ciudadanía de las mujeres tiene su mayor expresión en la libertad y autonomía sobre sus cuerpos, territorio personal y privado sobre el cual deben tener la capacidad de decidir soberanamente, es decir, libres de coacción, control o violencia.

Dicho ejercicio libertario da cuenta, entonces, de su capacidad para autodeterminarse en temas tan relevantes como la reproducción y la sexualidad. Por lo tanto, la defensa de la libertad sexual y reproductiva y del control del propio cuerpo constituye un elemento central de la agenda feminista, y debe ser considerada un principio ético político irrenunciable.

El acceso al aborto legal, seguro y gratuito forma parte intrínseca de la autonomía sexual y reproductiva, y se sustenta no solo en consideraciones sanitarias, sino más bien en la perspectiva de las mujeres como sujetas de derechos, con plena capacidad moral para tomar las decisiones más favorables de acuerdo a sus necesidades y realidades de vida.

En ese sentido, numerosas reflexiones acerca de la penalización del aborto que aún persiste en numerosos países y de los costos implícitos en dicha prohibición, enfatizan que este castigo atenta directamente contra el goce de una serie de derechos humanos consagrados de las mujeres, entre otros:

• El derecho a la vida
• El derecho a la libertad y seguridad personales
• El derecho a gozar del más alto nivel de salud
• El derecho a la igualdad y a la no discriminación
• El derecho a la autodeterminación
• El derecho a no ser sometida a torturas
• El derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias
• El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión
• El derecho a controlar su propia fecundidad
• El derecho a la privacidad
• El derecho a contar con servicios de salud reproductiva y acceso al aborto seguro para responder a las necesidades de salud.
• El derecho a los beneficios del progreso científico
• Los derechos sexuales y reproductivos

La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, uno de cuyos principios de acción prioritarios es, precisamente, la defensa irrestricta de la libertad sexual y reproductiva y del derecho al aborto como derecho humano, ha estado comprometida con las acciones y discusiones relativas al tema que se desarrollan en nuestra región desde hace décadas.

Asimismo, es integrante de la campaña regional
28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, participando en su fundación y lanzamiento, y organizando en octubre de 1992, junto con Católicas por el Derecho a Decidir, CDD, de Uruguay, la reunión de Piriápolis donde se discutieron “Aspectos éticos y legales en la implementación del aborto”. De sus acuerdos y conclusiones surgió la primera coordinación de la campaña que estuvo en manos de CDD y que hoy reside en la Colectiva Mujer y Salud de República Dominicana, la que ha lanzado su llamado a la acción 2012 Aborto legal y seguro. Una cuestión de Derechos, una cuestión de Democracia.

La Campaña 28 de Septiembre da cuenta, entonces, de una voluntad conjunta de múltiples organizaciones que hace ya 22 años acordaron realizar esfuerzos y compartir estrategias destinadas a afirmar la ciudadanía plena sobre sus cuerpos, promoviendo acciones en cada uno de los países a partir de llamados a la acción definidos según la contingencia regional y las realidades locales.

Sin embargo, los cambios culturales, sociales, políticos y legales que permitirían sustentar y reconocer el ejercicio de la libertad sexual y reproductiva de las mujeres no se han producido sino a paso muy lento, no solo en nuestra región sino en todo el mundo. Incluso asistimos a retrocesos en algunos avances ya logrados, lo que hace necesario repensar y rediseñar los abordajes políticos de la demanda del aborto, ampliando alianzas con otros sectores sociales, reforzando la defensa del Estado laico, renovando discursos que centren el debate no en aspectos sanitarios sino de igualdad, libertad, derechos y ciudadanía de las mujeres.

Efectivamente, el ejercicio de una maternidad voluntaria y no impuesta, sigue truncado por la persistencia de la discriminación social de las mujeres a quienes el patriarcado continúa expropiándoles el poder de decisión sobre sus cuerpos, a través de leyes punitivas, de la imposición de una añeja tutela moral religiosa, de la violencia explícita y simbólica.

Al mismo tiempo, permanece el perverso doble discurso social que permite el aborto clandestino e inseguro, al igual que la sanción y encarcelamiento de mujeres pobres y jóvenes que abortan, mientras las mujeres con recursos pueden hacerlo en forma segura y sin castigo, todo lo cual da cuenta de un problema de justicia social inaceptable.

No podemos olvidar que América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo donde persisten las leyes más restrictivas y punitivas sobre el aborto, pese a lo cual se producen más de 4 millones de abortos inducidos, la mayoría clandestinos. Es decir, en nuestro contexto, la vida y salud de las mujeres tienen escaso o ningún valor, y sus opciones sexuales y reproductivas chocan contra el poder hegemónico de los Estados, las iglesias, el conservadurismo moral y político. Ante ello, decimos: Basta 
¡¡Aborto seguro y legal ahora!!

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