El Gobierno que odiaba a las Mujeres

 El programa TV EnClave TUERKA del diario PUBLICO, en su edicion del 23 de Enero, discute las razones y estrategias del gobierno actual para coartar los derechos de las mujeres, en particular sus derechos sexuales y reproductivos.

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El Gobiero que odiaba a las Mujeres

CARTA AL PAPA FRANCISCO

 16 de enero de 2014

Estimado Papa Francisco,

Con un fraternal saludo en Cristo nos dirigimos a usted desde la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, un movimiento autónomo de personas católicas y feministas, comprometidas con la búsqueda de justicia social en América Latina, que impulsamos acciones en el marco de la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres desde el año 1996 en 12 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y España como país asociado.

Como todo el pueblo católico, vivimos la expectativa de los buenos auspicios de su pontificado que se anunció como un cambio positivo en la Iglesia y apostamos a la esperanza de ese  cambio que incluyera a las mujeres, el respeto a los Estados laicos, a la diversidad y sobre todo al compromiso con los desafíos en relación a la vida real y concreta de todas las personas, especialmente de las más pobres y excluidas. De hecho, reconocemos que hay transformaciones  que empiezan y son importantes y significativas para la Iglesia. Pero, como mujeres solidarias para con las mujeres de nuestro continente, comprometidas con la lucha por la justicia social, no podemos guardar silencio ante su última declaración sobre quiénes son los seres humanos "descartables" en el mundo actual.

Es verdad que podrían evitarse muchas interrupciones de embarazos si todas las mujeres del continente tuviéramos educación sexual para decidir y acceso a anticonceptivos modernos para regular la fecundidad y ejercer el derecho a procrear en el momento más oportuno para que la maternidad sea vivida como una opción gozosa y no como simple destino biológico o como una imposición cultural. Pero, Usted bien sabe que la desigualdad de este continente todavía está lejos de ser superada y que las mujeres más pobres están expuestas a maternidades obligadas en contextos de mucha violencia, con todo el costo que implica para ellas y para el conjunto de nuestras comunidades.

Nosotras, como mujeres católicas y como la mayoría de las personas de diferentes credos y convicciones, así como muchas de las personas que no comulgan con  credo religioso alguno,  le asignamos un valor a la vida en gestación, pero ese valor no puede ser mayor que el que asignamos a las mujeres y sus decisiones en situaciones difíciles. Sabemos que las mujeres que se ven en la necesidad de interrumpir sus embarazos, han tomado esa decisión de acuerdo con los dictados de su conciencia, empujadas por diversos factores en los que siempre están en primera instancia el bienestar de los demás, sobre todo de sus hijos.

Nos preocupa la alta tasa en aumento de mujeres que mueren víctimas de violencia, las cifras son alarmantes en el mundo, en particular en nuestra Latinoamérica, muertes de mujeres que son madres, jóvenes, solteras, casadas, enamoradas, hijas, sobrinas, amigas y que generalmente son asesinadas por sus propios compañeros o personas próximas que dicen amarlas, ante cuya situación nos duele el silencio de la Iglesia que no ha elevado una voz de denuncia y justicia sobre esas muertes , ante un drama de grandes dimensiones donde también necesitamos una voz de indignación evangélica del Vaticano y de Usted, como su máximo representante. Soñamos con una Iglesia inclusiva que comprenda, ampare y contenga a las personas en estas situaciones y no quisiéramos escuchar sólo condenas sobre temas que están en debate tanto en la Iglesia como en la sociedad. Su discurso, sus actitudes y hechos Papa Francisco, han sido innovadores y transgresores, y  han generado un gran consenso entre quienes estamos comprometidas con la justicia social y trabajamos por un mundo mejor, una Iglesia mejor, una sociedad mejor en la que quepamos todas y todos en libertad, respeto y congruencia con lo que Usted ha venido diciendo.  Nos preocupa que en estos momentos en que el mundo necesita de unidad y consenso, se levanten estos temas de esta manera pues pueden generar divisiones, contraposiciones, discriminación, estigma e incomprensión. De Usted esperamos misericordia, compasión y justicia, toda la justicia necesaria para que este mundo sea mejor.

El pueblo católico y en particular las mujeres quienes en el mundo vivenciamos con más fuerza la desigualdad social, la pobreza, las exclusiones y las situaciones de violencia, confiamos y apelamos a su alto sentido humanitario, su solidaridad, misericordia y sensibilidad que lo lleve a situarse en el lugar de aquellas excluidas, mujeres, niñas y adolescentes violadas y embarazadas, y no por encima de ellas, porque más que una persona con una jerarquía que mira desde arriba los dramas terrenales por los cuales atraviesan las mujeres de diferentes partes del mundo, lo queremos ver como un hermano en la fe y en Cristo.

Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir

COHERENCIA ANTE EL ABORTO

Interferir, por ley, en la conciencia de las mujeres es propio de un Estado totalitario

Federico Mayor Zaragoza y Juan Jose Tamayo

Demuestran una grave incoherencia quienes –sean instituciones o personas- condenan el aborto con la misma vehemencia con que defienden la pena de muerte, propician la confrontación bélica o permanecen impasibles ante el genocidio colectivo, por hambre o desamparo, de más de 60.000 personas mientras se invierten en la seguridad de unos pocos –menos del 20% de la humanidad- 4.000 millones de dólares diarios en armas y gastos militares.

            En el tema del aborto lo que debemos considerar no es solo la dimensión biológica, sino también la antropológica. Para intentar establecer cuándo comienza la vida humana, lo primero que debe precisarse es qué se entiende por “vida” y por “humana”. Porque si por vida se entiende la capacidad de sobrevivencia autónoma y por “humana” la aparición de las cualidades propias de la persona, la cuestión se situaría, desde luego, en una etapa ulterior a la fecundación, e incluso del nacimiento. En la especia humana, una parte considerable del desarrollo neuronal tiene lugar después del nacimiento.

            No se trata solo del “derecho humano a la vida”, sino a una “vida digna”, es decir, de seres humanos dotados para el pleno ejercicio de las facultades distintivas de su condición. Es, pues, un gran disparate, propio de la incompetencia y de la irresponsabilidad de quienes toman decisiones que afectan a toda la ciudadanía, que se prohíba la interrupción del embarazo en casos de malformación del feto. Identificar  anomalías de esta naturaleza –que, si llega a nacer, serán irreversibles- y exigir a la madre terminar una gestación que, muy probablemente, concluiría con graves riesgos para la vida de la progenitora, es una irresponsabilidad política que la ciudadanía no puede permitir y contra la que debe rebelarse.

            En el proceso de embriogénesis carece de sentido aseverar que el principio y el producto son la misma cosa, que la semilla es igual al fruto y  que la potencia es igual a la realidad. El cigoto posee el potencial de diferenciarse escalonadamente en embrión, pero no la potencialidad y la capacidad autónoma y total para ello. Anticipándose al debate actual sobre esta cuestión, Pedro Laín Entralgo escribía en El cuerpo humano (1989): “El cigoto humano no es un hombre, un hombre en acto, y solo de manera incierta y presuntiva puede llegar a ser un individuo humano”.

            Los científicos –rodeados de interrogantes, más que de respuestas- no pueden adoptar posiciones dogmáticas en campos de múltiples irisaciones conceptuales, y menos aún en los que entran de lleno las cuestiones filosóficas y teológicas. Por lo mismo, como Juan Pablo II tuvo ocasión de proclamar con toda claridad en referencia a Galileo, no corresponde a las autoridades eclesiásticas pronunciarse sobre temas propios de la ciencia. La misma actitud debe exigirse a las autoridades políticas. Sin embargo, ni unas ni otras suelen cumplir dicha indicación.  

            En un tema social, legal y humanamente tan complejo como el del aborto, lo mínimo que se exige es la coherencia. Lo más importante es eliminar las circunstancias que inducen a abortar, porque la realidad se venga cuando no se la reconoce. Hay que evitar un nuevo tipo de discriminación: el del “turismo abortivo”, que practican las personas adineradas, frente al aborto clandestino, lleno de riesgos y de humillaciones, de las mujeres que no disponen de recursos.

            A la conciencia, el compromiso social y la voluntad política debe unirse la competencia profesional. Las múltiples facetas que recubre un tema tan complejo (prevención, educación, rehabilitación, integración, etc.) requieren un planteamiento interdisciplinario, con una secuencia bien ordenada de acciones de acuerdo con los criterios de prioridad que, según el relieve, la urgencia y la irreversibilidad relativa de los diversos casos, se establezcan.

            “La diferencia entre los políticos y los estadistas –escribió Sir W. Liley- consiste en que los primeros piensan en las próximas elecciones y los segundos en las próximas generaciones”. Asegurar la calidad de vida con todos los conocimientos científicos es, pues, una acción esencial del Estado. Esto es lo que se ha logrado con el Plan Nacional de Prevención. Por el contrario, imponer por ley una vida de sufrimiento e inhumanidad a las personas que nacerán con graves discapacidades, a sus familias y cuidadores; interferirse, por ley, en las conciencias de las mujeres hasta violentarlas; no respetar su derecho a decidir en cuestiones tan personales, íntimas y decisivas para su vida como es la maternidad e imponérsela por decreto es propio de Estados totalitarios. Eso es precisamente lo que hace el proyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada.

            Si a esto se añade la complicidad con la jerarquía católica española y con las asociaciones autodenominadas “Provida” que, tras presionar de múltiples formas durante la preparación de la ley, han aplaudido inmediatamente su aprobación por el Consejo de Ministros –como antes hicieron con la Ley Orgánica de la Calidad Educativa, que impone la asignatura de  religión como evaluable-, e incluso quieren que sea todavía más restrictiva, estamos ante un Gobierno de tendencias claramente confesionales de carácter nacional-católico, que va a imponer a la ciudadanía una moral privada regida por la religión, y no una ética laica, común a todos los ciudadanos. ¿Qué sucede, entonces? Que, con esta ley, el Gobierno considera delito lo que los dirigentes eclesiásticos califican de pecado y, en consecuencia, penaliza a los médicos con la cárcel. ¡Algo inconcebible en un Estado no confesional!

            Los obispos defienden la vida, es verdad, pero la vida del no-nacido y la vida  después de la muerte. Sin embargo, no vemos tanto celo en la defensa de la vida de las personas ya nacidas, sobre todo la de quienes la ven amenazada día a día, especialmente las mujeres víctimas de feminicidio. Mucho nos tememos que esa va a ser la actitud del Gobierno si lograra aprobarse la ley ahora en proyecto. A los hechos nos remitimos.

            La complicidad entre obispos y Gobierno de la Nación empero, no es de todos los católicos, sino de los dirigentes episcopales, que solo se representan a sí mismos. En el seno del catolicismo existe un amplio pluralismo ideológico en este tema, y numerosos colectivos católicos defienden la vigente ley de plazos que ahora se pretende derogar, y se oponen a la ley de Ruiz-Gallardón, que es contraria a la libertad de conciencia y trata a las mujeres como menores de edad al no reconocerlas como sujetos morales capaces de decidir por su cuenta.

            Lo que estas reflexiones pretenden es evitar que la ley sea aprobada por la mayoría parlamentaria absoluta que actualmente permite al Parlamento español adoptar normas que la mayoría de los ciudadanos rechazan, ya que implica un nuevo recorte de los derechos humanos, quizá el más grave de todo, cual es el derecho de las mujeres a elegir libremente la maternidad y hacerlo en tiempo oportuno, sin coacciones externas, y menos del Estado, que debe velar por el ejercicio de ese derecho, en vez de negarlo y obstruirlo como hace este proyecto de ley. Hay que impedir que se consume otro recorte de los derechos de las mujeres, que se suma a los que el Gobierno del Partido Popular viene llevando a cabo  desde su toma de posesión hace dos años.

Federico Mayor Zaragoza es presidente de la Fundación Cultura de Paz y Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid.

Fuente:  http://elpais.com/elpais/2013/12/26/opinion/1388082976_575279.html